¿Por qué El Salvador es el país más violento del mundo?

Tatuaje de la Mara Salvatrucha (MS-13) (U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Abarcando El Salvador, Guatemala y Honduras, se encuentra el "Triángulo Norte de Centroamérica" una de las regiones más violentas del mundo. La zona fue escenario de 17.000 muertes solo en 2015 . los gobiernos débiles de la región han demostrado ser incapaces de detener el crecimiento del crimen organizado relacionado con pandillas. Hasta El Salvador, que se ocupa de sus problemas económicos y sociológicos más profundos y ha sido capaz de proporcionar un gobierno estable, tiene pendiente el problema de las poderosas bandas del crimen organizado y la violencia que les acompaña.

El Salvador es el epicentro de la violencia de las pandillas del Triángulo del Norte. Es ahora oficialmente el país más violento del mundo, con 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. El crimen en El Salvador ha alcanzado niveles sin precedentes desde que el Cuerpo de Paz de EE.UU. detuvo sus operaciones allí a finales de diciembre de 2015.

Los orígenes de la violencia en El Salvador se remontan a 1932, cuando un levantamiento campesino contra el general Maximiliano Hernández Martínez dió lugar a más de 25.000 muertes. Después del fallido levantamiento, los militares gobernaron El Salvador, el país de Centroamérica más densamente poblado, durante más de 45 años. En un intento de derrocar al gobierno militar del país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un movimiento guerrillero que había surgido por aquel entonces; libró una guerra civil de 12 años contra los militares, que finalizó en 1992.

Un número considerable de los salvadoreños se trasladaron a los Estados Unidos para escapar del conflicto y la pobreza que persistió después de que terminara, con casi 500.000 salvadoreños que vivían en los Estados Unidos por la década de 1990, principalmente en el área de Los Ángeles. Pero la violencia los encontraría allí también. Para defenderse de los mexicanos ya establecidos y las bandas afroamericanas, los salvadoreños formaron las unidades de protección vecinal Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Con el tiempo, estos grupos evolucionaron en bandas organizadas archirrivales.

En respuesta al aumento de la delincuencia en las comunidades inmigrantes de América Central, Estados Unidos comenzó a deportar salvadoreños condenados por delitos - exportando al mismo tiempo sus habilidades criminales hacia El Salvador. Un país corrupto y pobre como El Salvador demostró no ser rival para la cultura de las bandas de los deportados, que también se exportó a Honduras y, en menor medida, a Guatemala, gracias a la falta de controles fronterizos entre El Salvador y sus dos vecinos y la la pobreza, la corrupción y la impunidad que los criminales aprovecharon.

Los homicidios en El Salvador comenzaron una tendencia al alza a partir de 1999. En respuesta al aumento, San Salvador adoptó políticas antipandillas que comenzaron en 2003 conocidas como Mano Dura y Super Mano Dura. Esto a su vez hizo que la población carcelaria de El Salvador aumentara considerablemente ante la oleada de detenciones, con el número de miembros de las bandas llegando a 8.000 en 2008, el doble de la cifra de 2004. El aumento del número de presos se tradujo en el aumento de la influencia de las bandas, con la MS-13 y Barrio 18 tomando el control de las prisiones.

A la luz de estos fracasos, San Salvador cambió de táctica, y para 2012 había negociado una tregua entre la MS-13 y Barrio 18. Los homicidios se habían reducido considerablemente por entonces, pero en el año 2014, la tregua comenzó a caer en pedazos. En el año 2016, más de 100.000 menores de edad centroamericanos se habían ido a los Estados Unidos, muchos buscando escapar de la violencia en El Salvador y Honduras. Esto provocó una reacción política en los Estados Unidos y llevó a Washington a promover comisiones anti-corrupción para fortalecer las instituciones de América Central y el desarrollo económico para reducir la inmigración ilegal.

Tras el fin de la tregua, el gobierno dirigido por el FMLN lanzó una ofensiva en toda regla contra las bandas. Desde mediados de 2015, las bandas se han etiquetado como organizaciones terroristas (aunque en realidad se diferencian de los terroristas en que su objetivo es financiero, no político). Por otra parte, un impuesto relacionado con la seguridad de un 5 por ciento sobre las transacciones de telecomunicaciones fue impuesto para financiar los programas de seguridad, incluidos los nuevos escuadrones de policía con entrenamiento militar de élite. A pesar de estas acciones, los esfuerzos de San Salvador siguen sin dar resultados.

Una parte importante de este fracaso se debe a la evolución de las pandillas salvadoreñas en grupos delictivos organizados transnacionales sofisticados con muchos miembros no salvadoreños, aunque ambas bandas carecen de una dirección centralizada. Esto significa que tanto la MS-13 como Barrio 18 han sacado provecho de sus raíces de América Central y enlaces en los Estados Unidos para establecer una presencia que se extiende desde el Triángulo del Norte a Los Ángeles y Washington. Otro factor que explica el hecho de que El Salvador haya fracasado en frenar a los grupos criminales es que durante el período de tregua, las bandas del país aprovecharon la falta de policía y control militar para infiltrarse en las fuerzas de seguridad. Por último, San Salvador ha sido sobrepasado por las expulsiones de los Estados Unidos. Desde 2014, los Estados Unidos han deportado a un promedio de 20,000 salvadoreños por año - que encontrarán pocas oportunidades de empleo legales. Y aunque  San Salvador de algún modo fuera capaz de encarcelar a la mayoría de los miembros de las banda, sería probable que continuaran sus operaciones desde la cárcel.

A la luz de este panorama sombrío, El Salvador necesita claramente asistencia extranjera. Sin embargo, mientras que Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda de 750 millones de dólares para fortalecer las instituciones gubernamentales en el Triángulo del Norte, el desembolso del 75 por ciento de estos fondos dependerá de la aplicación de las políticas anti-corrupción sobre la justificación de que un gobierno fuerte significa instituciones fuertes - y las instituciones fuertes serán capaces de luchar contra el crimen organizado de manera más eficaz.

De los tres países, sin embargo, El Salvador ha sido el más reacio a establecer una comisión contra la corrupción. Pero sin un ingreso importante y sostenido de dinero en efectivo, las instituciones salvadoreñas se mantendrán débiles. Dado que la violencia relacionada con las pandillas amenaza con prevalecer, El Salvador no tiene más remedio que cumplir los requisitos anti-corrupción de Washington. Sin embargo, aunque El Salvador se ocupe de sus problemas económicos y sociológicos más profundos y sea capaz de proporcionar un gobierno estable y poco corrupto como hasta ahora, el problema de las poderosas bandas del crimen organizado y la violencia que les acompaña continuarán.